A río revuelto, ganancia de pescadores. En el sector de la hostelería hay establecimientos que cometen una larga lista de abusos ante los que los usuarios deben estar en guardia, denunciar y, por supuesto, negarse a abonar conceptos que supongan una vulneración de la legislación.
Así, conceptos como poner un plato extra para compartir la comida, calentar un biberón en el microondas, o partir un sándwich en dos partes son algunos de los conceptos delirantes que algunos establecimientos hosteleros llevan a sus tiques, para indignación de los consumidores, aprovechando la afluencia de turistas y veraneantes en el periodo vacacional.
Por ser pequeñas cantidades, los consumidores rara vez reclaman o denuncian ante las autoridades de consumo estas prácticas, pese a que se trate de flagrantes irregularidades conforme a la legislación de defensa de los consumidores.
Sorpresas al abonar la consumición
Cobrar un extra cuando se pide hielo para un refresco, incluir los cubiertos en la factura o exigir el pago de un donativo para la limpieza de los baños son otros de los abusos más surrealistas denunciados por FACUA.
O una trampa como que se anuncien y publiciten como reclamo unas promociones que no aplican a la hora de abonar la cuenta, o que en la carta de precios no se incluya el IVA, una práctica expresamente prohibida por la normativa de defensa de los consumidores, que obliga a indicar siempre precios finales, incluidos impuestos, sin que los usuarios tengan que realizar ninguna operación matemática para averiguarlos.
Entre otras irregularidades detectadas por la asociación sobresale una práctica tan ilegal como absurda como que cobraran un extra por limpiar la mesa, por que los vasos no estuviesen sucios o por el afilado de los cuchillos del local.
Ante estas situaciones, FACUA llama a los usuarios a reclamar ante el establecimiento que cometa estas situaciones de abuso. Y si persisten en el requerimiento de pago, negándose a cancelar esos cobros extra, pueden acudir a la asociación para interponer las denuncias ante las autoridades de consumo que están obligadas a investigar y abrir expediente sancionador.
