Diferentes medios de comunicación de referencia en el ámbito internacional se han hecho eco del planteamiento del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular José Luis Sanz, de cerrar el conjunto monumental de la plaza de España, diseñado por el arquitecto Aníbal González para la exposición iberoamericana de 1929; y cobrar una entrada a los turistas; pero no a quienes acrediten estar empadronados en la ciudad o haber nacido en el conjunto de la provincia. Esta medida ha sido tachada de «privatización del espacio público» por parte de diferentes fuerzas políticas y rechazada por hosteleros de la capital.
En concreto, el diario británico The Guardian y el francés Le Figaro, han incluido entre sus contenidos una información de la agencia internacional de noticias Reuters, que a partir de la publicación difundida al respecto por el alcalde hispalense en la red social X, antes Twitter, expone que los turistas que visiten Sevilla «pronto pueden tener que pagar» una entrada para acceder a este espacio monumental, como «parte de los planes de control» del turismo masivo en espacios públicos abiertos.
Dicha información recoge la tesis del primer edil respecto a cerrar este emblemático espacio de la ciudad hispalense y cobrar la entrada a los turistas al objeto de financiar su conservación y mejorar su seguridad y señala que este monumento declarado bien de interés cultural (BIC) recibe diariamente a «miles de personas de todo el mundo».
Titulares en los medios internacionales
Así, The Guardian titula que Sevilla estudia cobrar a los turistas por la visita a la Plaza de España para «limitar» el tráfico turístico en el enclave, mientras Le Figaro titula con el planteamiento de los motivos por los cuales «esta famosa plaza de Sevilla se podría convertir de pago».
El diario britanico Daily Express publica de su lado una información propia del asunto sobre los planes de Sevilla para «cobrar a los turistas por visitar un famoso enclave patrimonial», mientras la cadena de televisión francesa BFMTV también ha elaborado un artículo propio en su página web, titulado «Sevilla va a hacer pagar a los turistas por el acceso a una de sus plazas emblemáticas».
El Ayuntamiento, titular del espacio de la plaza comprendido entre los bancos de las provincias y la balaustrada, planea proponer al Estado, responsable de parte del monumento, un convenio para cerrar por completo este recinto monumental y cobrar a los turistas una entrada de la que estarían exentos los empadronados en Sevilla y los nacidos en la capital y en la provincia.
El dinero de la taquilla y el rechazo global
Los ingresos de taquilla, según la idea del Gobierno local del PP, se repartirían con un 75 por ciento para las arcas municipales y un 25 por ciento para el Estado, propietario de la galería y del edificio, garantizando según asegura el Ayuntamiento el libre acceso ciudadano a las dependencias estatales del complejo, que alberga las sedes de la Delegación del Gobierno en Andalucía, de la Subdelegación, de los servicios de Extranjería, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) o del Cuartel General Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra.
«La idea, según el Gobierno local del PP, es cosechar ingresos con los que financiar la conservación» del monumento y «mantener un servicio de vigilancia las 24 horas» del día en el mismo, así como para abrir una escuela de «restauración permanente» para este emblemático monumento de Sevilla, actualmente de pleno acceso público.
La propuesta ha encontrado de momento el rechazo de los empresarios del sector hotelero y de las agencias de viaje, así como la oposición de los sindicatos, de las fuerzas de izquierda y de diferentes agentes sociales, mientras la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) ha pedido al Gobierno central que inyecte financiación a la conservación y vigilancia del monumento, para descartar el debate sobre su posible cierre.
El Gobierno central del PSOE y Sumar, de su lado, ha manifestado ya su rechazo frontal a la propuesta, recordando que el monumento acoge dependencias estatales de uso público y considerando que la medida supondría «privatizar» esta plaza.
