De un tiempo a esta parte, la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para la ciudadanía andaluza. Jóvenes que no pueden emanciparse, familias con todos sus miembros trabajando pero incapaces de pagar un alquiler, la proliferación de infraviviendas, ciudades transformadas en parques temáticos para turistas y una oferta creciente de vivienda libre inaccesible para las clases trabajadoras, que acaba en manos de grandes multinacionales.
En pueblos y ciudades, especialmente los costeros, la población autóctona se ve forzada a abandonar sus entornos de vida, trabajo y arraigo. El acceso a una vivienda digna se convierte en una odisea cada vez más lejana.
A este contexto se suma una estrategia de miedo impulsada por fondos de inversión, constructoras, grandes rentistas e inmobiliarias, que ha afectado incluso a pequeños propietarios. Aquellos que alquilaban una o dos viviendas a precios razonables han acabado vendiendo a grandes grupos por temor a la llamada «ocupación». El discurso del miedo, sostenido por una intensa campaña mediática, ha generado inseguridad y facilitado el traspaso masivo de propiedades a fondos buitre.
¿Qué hay de cierto en la «amenaza okupa»?
La realidad es muy distinta a la que se nos ha contado. Andalucía fue en 2024 la segunda comunidad autónoma con más denuncias por ocupación ilegal. Sin embargo, más del 80 % de esas ocupaciones se dan en viviendas vacías propiedad de bancos o fondos de inversión, no en hogares habitados. Solo el 0,06 % del parque vacío está ocupado ilegalmente, según el Consejo General del Poder Judicial.
La gran mayoría de estos casos tienen detrás situaciones de extrema vulnerabilidad, alimentadas por un mercado de alquiler disparado (11,2 % de aumento interanual), precariedad laboral y un parque de más de cuatro millones de viviendas vacías en todo el Estado. En Andalucía, el 9,4 % de la vivienda pública está ocupada sin contrato, casi siempre por familias sin alternativa habitacional.
El miedo social, azuzado por bulos como «pueden ocupar tu casa en 24 horas» o «los okupas son mafias organizadas», ha servido para justificar políticas que benefician a grandes tenedores mientras criminalizan la pobreza.
El negocio de la vivienda en manos de fondos buitre
Los fondos de inversión controlan ya el 7,1 % del mercado de alquiler andaluz. Compran viviendas en bloque a bancos o a la SAREB a precios de saldo y las transforman en apartamentos turísticos o pisos de lujo. En muchos casos, adquieren viviendas con inquilinos con contratos vigentes, y tras una subida de alquileres desorbitada, provocan su desalojo o inician procesos de desahucio. El resultado: barrios enteros expulsando a sus vecinos de siempre.
Mientras tanto, el precio de compra de vivienda en Andalucía supera los 1 558 €/m², con una subida del 8 % interanual. El parque público sigue siendo insuficiente: se anuncian 20 000 VPO cuando se estiman necesarias 52 000 anuales hasta 2030. La presión se multiplica en zonas tensionadas como Sevilla, Málaga y Granada, donde el alquiler llega a consumir el 100 % del salario medio.
El espejismo del Decreto-Ley 1/2025
El reciente Decreto-Ley andaluz para limitar licencias turísticas ha sido vendido como solución, pero sus resultados son marginales: solo ha afectado al 5,7 % del total de licencias. La mayoría de las 86 000 viviendas turísticas siguen operando sin restricciones, incluso en barrios saturados como el Albaicín (Granada) o el centro de Málaga.
La capacidad de aplicar sanciones queda en manos de los ayuntamientos, muchos de los cuales no cuentan con ordenanzas propias ni medios suficientes. Mientras tanto, el registro estatal de viviendas turísticas permanece paralizado por un recurso de la Junta, beneficiando a plataformas como Airbnb.
Una crisis habitacional con doble rostro
Andalucía vive una doble crisis: por un lado, un interior repleto de viviendas vacías abandonadas; por otro, una costa hipersaturada por el turismo y el alquiler especulativo. Las ayudas existentes, como el Bono Joven o las subvenciones para rehabilitación, están mal enfocadas o directamente infrautilizadas.
En zonas rurales, herencias no gestionadas y falta de incentivos a la rehabilitación agravan el problema. En las ciudades, la especulación campa a sus anchas. La turistificación y la falta de vivienda social han convertido el acceso a la vivienda en un privilegio.
Radiografía provincial: desigualdad e injusticia
- Sevilla es la provincia con más riesgo de ocupación por alta demanda y acumulación de viviendas vacías en zonas deprimidas.
- Cádiz suma 2.695 viviendas en situación irregular. El turismo expulsa a residentes locales y la precariedad laboral completa el cóctel.
- Málaga bate récords de turistificación: 41.038 viviendas turísticas y subidas de alquiler por encima del 16 %. El salario medio no alcanza para alquilar una vivienda.
- Granada mantiene 1.646 viviendas bajo vigilancia. En barrios como el Albaicín o el Realejo, la vivienda para residentes es casi inexistente.
- Almería, Córdoba, Huelva y Jaén tienen tasas de ocupación inferiores al 1 % en zonas rurales, pero crecen en núcleos urbanos. El abandono y la falta de inversión en VPO son las causas principales.
La ocupación como síntoma, no como amenaza
En 2024, se registraron 2.207 denuncias por ocupación ilegal en Andalucía, un 5,3 % menos que el año anterior. Solo un 7 % correspondieron a impagos de alquiler. No hubo ninguna denuncia por ocupación de viviendas habitadas. Los datos desmontan el relato alarmista que ciertos medios han promovido para favorecer intereses económicos concretos.
¿Qué hace falta?
La ONU ya advirtió en 2019 al Gobierno español sobre el impacto de los fondos buitre en el derecho a la vivienda (puedes ver la carta remitida abajo). Andalucía necesita una ley ambiciosa que combine:
- regulación efectiva del alquiler turístico,
- promoción de vivienda pública de calidad,
- control sobre los grandes tenedores de viviendas vacías,
- rehabilitación de inmuebles,
- y garantías reales para el acceso a una vivienda digna.
La ocupación de viviendas vacías no es el problema: es el termómetro de una enfermedad estructural que lleva años incubándose. O se toma la vivienda como un derecho, o seguiremos asistiendo al desmantelamiento social de nuestros barrios.
