La asociación memorialista de la Vega del Guadalquivir solicitó el pasado 31 de enero una reunión urgente con el ayuntamiento de Alcalá del Río al conocer que se estaban realizando excavaciones en el lugar donde se halla la fosa común del cementerio.
Como antecedente se tiene la reunión mantenida con Antonio Campos, alcalde de Alcalá del Río, el pasado día 30 de noviembre, en la que se abordó la situación de la fosa, cuyos trabajos de exhumación se interrumpieron a finales de noviembre de 2019, cuando ya habían extraído 14 esqueletos de los 26 esperados. El alcalde se comprometió a celebrar otra reunión en el plazo de un mes, después de obtener información que sirviera para estudiar la continuidad de su exhumación. Mes que, desde la asociación, indican que «ya ha pasado hace tiempo».
Esta fosa es de gran importancia comarcal, pues en ella se encuentra un conjunto de víctimas de la represión franquista, asesinados entre agosto y noviembre de 1936: 16 villaverderos, entre los que estaban su alcalde socialista, Baldomero González, su hermano Manuel, dirigente sindical, y dos concejales, Antonio Campos y Sebastián Delgado, así como otros doce destacados defensores de la República; 7 cantillaneros, entre ellos, la maestra Carmen Lafuente y su hermano Simplicio, concejal republicano, Antonio Ferrera, comerciante, José Márquez, factor de la Estación del F.C, y otros tres republicanos convencidos; 2 alcalareños: José Velasco y José Fernández, y una mujer, Feliciana Rivero, de Castilblanco de los Arroyos. Todas estas víctimas, asesinadas y enterradas indignamente, deben ser rescatadas del olvido y enterradas con dignidad.
No obstante, sin previo aviso, comenzaron las máquinas a mover tierras cercanas a la fosa en los últimos días de enero de 2022. «Mucho nos tememos que pueda afectar a la parte de la fosa en la que aún quedan enterradas 12 víctimas de la represión franquista en 1936 de varios pueblos de esta comarca, lo cual se agrava ante la falta de información por el ayuntamiento alcalareño» afirman desde la asociación memorialista
«Esta asociación —tal como expresa su presidenta Francisca Bejarano— considera que tiene pleno derecho a ser informada y ser oída, como también lo tienen, en primer lugar, los familiares de las víctimas asesinadas en 1936». Por ello, «solo queda manifestar nuestra determinación en la búsqueda de los restos mortales que pueden quedar y en la exigencia de reunión para ser informados e informar a todos los familiares, así como actuar en consecuencia».
