En Andalucía se está gestando una nueva crisis de vivienda. Pero no viene de la escasez de suelo ni de la falta de construcción. Esta vez, la causa es más silenciosa y más insidiosa: el auge imparable de los pisos turísticos, que están desplazando a la población local y alterando profundamente la vida urbana. De nuevo, como en 2008, el derecho a la vivienda choca de frente con los intereses del mercado. Mientras las postales siguen mostrando playas de ensueño y pueblos blancos, una silenciosa crisis de vivienda está asfixiando a las familias andaluzas. No es la falta de suelo ni la paralización de las obras, como en otras crisis. Esta vez, el enemigo es más insidioso: el boom imparable de los pisos turísticos, que está expulsando a la población local de sus hogares y transformando las ciudades en decorados vacíos.
El negocio de expulsar al vecino
Málaga, Sevilla, Granada, Cádiz… Todas comparten una nueva dinámica: mientras los alquileres de larga duración se disparan, los portales como Airbnb siguen creciendo. Según el último informe de Inside Airbnb, Málaga ya supera las 12 000 viviendas turísticas activas —más del doble que hace cinco años— y el 85% de ellas se ofertan para uso completo, no habitaciones. Los fondos de inversión, como buitres carroñeros, compran edificios enteros para convertirlos en apartamentos turísticos. La opacidad de estas operaciones, denunciada por las plataformas de inquilinos, es escandalosa. No hay transparencia, ni control, mientras Andalucía se sume en una crisis de vivienda que nadie en el gobierno de la Junta parece querer ver.
En muchos barrios, encontrar una vivienda para vivir se ha vuelto misión imposible. Pero reservar una para pasar un fin de semana, no. Ese contraste lo dice todo.
«Nos subieron el alquiler un 60% de un año para otro. Cuando dijimos que no podíamos pagarlo, al mes ya estaba el piso en Booking», explica Marisa, vecina del barrio del Realejo en Granada, que ahora vive con su madre tras no poder renovar su contrato.
El déjà vu de 2008
El problema no es solo la presión turística, sino cómo se gestiona. La vivienda ha vuelto a convertirse en un activo financiero. Entonces fue el ladrillo; ahora es la plataforma. En lugar de grúas, tenemos portales de reservas. En lugar de promotoras, fondos de inversión que compran edificios enteros para trocearlos en apartamentos turísticos.
En barrios como El Palo (Málaga) o La Macarena (Sevilla), los alquileres han subido entre un 30% y un 50% en apenas cuatro años. «Esto no es casualidad. Hay propietarios que desocupan bloques enteros para reconvertirlos en alojamientos turísticos. Lo llaman inversión, pero es expulsión», denuncia Lara Galera, portavoz de la plataforma Vecinas por el Derecho a la Ciudad.
¿Dónde está la regulación?
Las medidas institucionales llegan tarde o mal. La Junta de Andalucía publicó en 2024 una nueva normativa que exige una licencia municipal previa para operar una vivienda turística, pero la aplicación es desigual y, en muchos casos, los ayuntamientos carecen de medios para hacer cumplir la norma.
«En teoría hay límites, pero no se inspecciona. Se sigue fomentando este modelo porque deja dinero rápido. Pero lo que genera es pobreza a largo plazo», advierte José Manuel Raya, urbanista y miembro del Instituto Andaluz de Geografía Crítica.
La Junta de Andalucía aprobó en 2024 una normativa que exige licencias para pisos turísticos, pero su aplicación es desigual y la falta de medios en muchos ayuntamientos la convierte en papel mojado. La falta de inspecciones permite que el problema se agrave. Un informe de la asociación de vecinos «Vecinas por el derecho a la ciudad» denuncia la inacción de las administraciones y la prioridad que se da al beneficio económico a corto plazo sobre el bienestar social. Se necesitan medidas urgentes: limitar el número de viviendas turísticas por barrio, gravar fiscalmente a los grandes tenedores, impulsar un parque público de alquiler, declarar zonas tensionadas donde congelar o bajar precios y fomentar las cooperativas de vivienda.
Alternativas posibles
Frente a este modelo, hay ciudades que han empezado a actuar con más firmeza. Barcelona ha prohibido nuevas licencias de pisos turísticos. Lisboa ha restringido su expansión en zonas tensionadas. Palma de Mallorca ha prohibido su uso en edificios plurifamiliares. En Andalucía, sin embargo, la reacción institucional es más tímida.
