El Juzgado de Instrucción número dos de Sevilla, ha resuelto continuar por el trámite del procedimiento abreviado por un presunto delito de prevaricación, las diligencias previas incoadas por la denuncia del PP contra el que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Bormujos, Manuel Romero, de Ciudadanos, a cuenta de la contratación de un servicio informativo con relación a las prevenciones de la pandemia.
Según el auto del juzgado, emitido el pasado 16 de noviembre, el citado servicio «no fue objeto de un previo expediente de propuesta de gasto, incurriendo en una duplicidad del servicio prestado y fraccionamiento del mencionado contrato de servicio».
Además, el juzgado considera que no fue posible «elaborar un contrato de emergencia al no encajar en los supuestos regulados para la contratación de emergencia según la normativa administrativa»; apreciando el juzgado «un juicio cabal acerca de la existencia de indicios racionales de criminalidad contra el investigado Manuel Romero Cárdenas, por un delito de prevaricación».
La actual alcaldesa, la popular Lola Romero, que por cierto propuso a Manuel Romero una moción de censura junto a Vox para formar un gobierno conjunto que superase al anterior Ejecutivo local del PSOE, ha señalado que este asunto se suma al juicio celebrado el pasado mes de junio contra el ex alcalde del PSOE, Francisco Molina; y la ex edil de Obras por posible prevaricación con unas obras acometidas en una nave municipal.
«El anterior Gobierno se ha caracterizado por actuar fuera de la ley y hacer presuntamente un uso fraudulento del dinero público», ha señalado.
Cuatro años de prisión y doce de inhabilitación
El también portavoz de Ciudadanos en Bormujos, Manuel Romero, se enfrenta a una petición de cuatro años y medio de prisión relacionada con los contratos de las patrullas informativas durante la pandemia del COVID. Desde noviembre de 2020 hasta enero de 2021, el Ayuntamiento de Bormujos implementó patrullas informativas, grupos dedicados a atender las necesidades de los vecinos durante la crisis sanitaria. Estos grupos explicaban las medidas adoptadas por las administraciones para combatir la pandemia y concienciaban sobre la importancia de la colaboración ciudadana en pro de la salud pública.
La medida la impulsa la Concejalía de Urbanismo y Ciudadanía Consciente, dirigida en ese momento por Manuel Romero, actual portavoz de Ciudadanos. Los contratos de estas patrullas informativas fueron denunciados por el Grupo Popular del municipio, actualmente en el gobierno, solicitando cuatro años y medio de prisión para Romero.
En la pasada legislatura, el municipio del Aljarafe experimentó tensiones políticas entre el PSOE y Ciudadanos, quienes formaron una coalición para darle la alcaldía a Francisco Molina. Este pacto estuvo al borde de romperse debido a desacuerdos con los socialistas, pero finalmente, en un pleno que discutía una moción de censura presentada por el Grupo Popular, Romero optó por mantenerse en el gobierno con su voto. Tanto Molina como Romero tienen asuntos legales pendientes.
La alcaldesa actual y portavoz municipal del PP, Lola Romero, llevó a los tribunales la contratación de las patrullas informativas sin un proceso de selección durante 2021. El importe total de las facturas para este servicio superó los 42,000 euros, según el PP, alegando que se destinaron a afines. El juez insiste que hay motivos suficientes para atribuir a Manuel Romero el delito de prevaricación, señalando una duplicidad de servicio y fraccionamiento del contrato.
La petición de apertura de juicio oral por parte del Grupo Popular incluye una solicitud de cuatro años y medio de cárcel y doce años de inhabilitación por malversación y prevaricación. Según el PP, el Ayuntamiento pagó por servicios no realizados, incumpliendo normas esenciales de contratación administrativa. La contratación se hizo directamente a empresas previamente seleccionadas, constituyendo, según el PP, un desvío arbitrario de fondos públicos. Ahora, se espera la posición de la Fiscalía ante estos hechos.
