La Fiscalía pide una pena de 73 años de prisión para una mujer de nacionalidad paraguaya acusada de captar a mujeres en su país de origen a las que engañaba con la posibilidad de encontrar un buen trabajo para desplazarlas a España y obligarlas luego a prostituirse aprovechando su precaria situación económica y su entrada irregular en el país, un caso que está pendiente de juicio en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.
Las víctimas fueron trasladadas a distintos destinos, entre ellos dos pisos de Almuñécar, en la costa de Granada, donde debían estar disponibles las 24 horas del día para prestar los servicios sexuales que se les solicitaran, viviendo «en un régimen de semiesclavitud», según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía.
La principal acusada, de 37 años, contó con la ayuda de otras tres personas que se sentarán junto a ella en el banquillo. Los otros tres procesados, dos hombres de nacionalidad española y una mujer paraguaya, se enfrentan a penas de entre once y 40 años de prisión. La Fiscalía acusa por delitos contra los derechos de ciudadanos extranjeros; trata de seres humanos con fines de explotación sexual, determinación coactiva a la prostitución, obstrucción a la justicia y quebrantamiento de medida cautelar.
En la causa se han contabilizado cinco víctimas de esta red que fueron captadas en Paraguay por la principal acusada. Convenciéndolas con el pretexto de conseguirles un trabajo bien remunerado y «una vida mejor para ellas y sus familias», las desplazó a España, donde entraron como turistas pero sin permiso de residencia. Una vez en territorio español, les pedía el importe del viaje y del resto de trámites que se efectuaron para su entrada en el país.
Las mujeres contraían así una deuda con ella, y dada su falta absoluta de apoyos en España y la imposibilidad de trabajar en otra cosa por su situación irregular, se veían abocadas a ejercer la prostitución.
Las obligaba a pagarles una parte del dinero que obtenían con los servicios sexuales que prestaban trabajando de forma continuada, sin día descanso, limitándoles al máximo las salidas de los pisos para que no fueran descubiertas. En definitiva, esta persona «dirigía, controlaba y supervisaba» todo lo relativo a estas mujeres, gestionando los dos pisos en los que se alojaban. Las amenazaban con denunciarlas y que las deportarían si cesaban la actividad, o incluso con contarles a sus familias que ejercían la prostitución.
Cuando la principal acusada fue detenida en octubre de 2015, los otros tres acusados colaboraron con ella desplazándose a los pisos de Almuñécar, donde se había ejercido la prostitución para llevarse las anotaciones de los servicios sexuales prestados, así como otras pruebas. Igualmente, ocultaron a las víctimas en otros alojamientos para evitar que las encontrara la Policía y continuaron con esta actividad.
Junto a las penas de prisión, la Fiscalía solicita que los acusados indemnicen por daño moral a las cinco víctimas en un total de 39.000 euros, además de que les sean impuestas distintas prohibiciones de comunicación y acercamiento respecto a ellas.
