La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) exige al Ministerio de Consumo que aplique la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE respecto al control del etiquetado de los productos procedentes del Sáhara Occidental en el territorio español. El pasado 4 de octubre se hacía pública dicha sentencia, que obliga a que las producciones procedentes de Sáhara Occidental, en concreto las frutas y hortalizas, lo indiquen en su etiqueta.
En un escrito dirigido al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, esta organización demanda conocer qué actuaciones se están llevando a cabo a nivel estatal para la correcta y efectiva aplicación de la sentencia que daba la razón a COAG en cuanto a la necesidad de proteger a las personas consumidoras frente a las posibles prácticas fraudulentas en el etiquetado de algunas frutas y hortalizas procedentes del Sáhara Occidental.
En las últimas campañas, COAG viene observando una creciente presencia de determinadas hortalizas en los lineales de los supermercados, como tomates cherry (+269% de aumento de importaciones a España en periodo 2014-2024), que llevan en su etiquetado el origen «Marruecos», cuando se trata de empresas que tienen producción también en el Sáhara Occidental. «Se está produciendo una vulneración de los derechos de quien consume estos productos porque estas grandes empresas producen en el Sáhara Occidental para la exportación y, sorprendentemente, nadie ha visto una hortaliza etiquetada con este origen en toda la UE», ha destacado Andrés Góngora, responsable del sector de frutas y hortalizas de COAG. «Parece claro que hay una ocultación intencionada del origen real de los productos, dañando los intereses de consumidores, pero también de productores y de la propia población saharaui. Esto no puede dejarse pasar por las autoridades competentes, más si cabe cuando hay una sentencia judicial clara y de aplicación inmediata desde su publicación en octubre».
COAG ha defendido en reiteradas ocasiones que el Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos vulneraba y vulnera los derechos de las personas consumidoras en la UE y no es acorde a la legislación europea de etiquetado de frutas y hortalizas, como reconoció la sentencia del pasado mes de octubre, dado que limita la capacidad de los consumidores para discernir claramente si un producto etiquetado como originario de Marruecos procede de este Reino, o bien procede del Sáhara Occidental.
Antecedentes
El pasado 4 de octubre se hacía pública la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-399/22, referido a la consulta previa cursada por el Consejo de Estado de Francia, ante el procedimiento entre Confédération paysanne y el Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, y el Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. En concreto el sindicato agrario francés, Confédération paysanne, solicitaba a la Administración francesa que prohíba la importación de melones y tomates originarios del Sáhara Occidental, al considerar que los melones y los tomates que se cultivan en ese territorio se etiquetan erróneamente como procedentes de Marruecos.
La sentencia era clara en este sentido: la indicación del país de origen que debe figurar en los tomates y los melones de que se trata únicamente podrá designar el Sáhara occidental, ya que dichos productos se recolectan en ese territorio. En efecto, dicho territorio es distinto del de Marruecos y un territorio aduanero en el sentido del Derecho de la Unión. Cualquier otra indicación podría hacer pensar al consumidor que esos melones y tomates proceden de un lugar distinto del territorio en el que se recolectaron.
