El jefe de estudios de la Policía Local de Granada y subinspector del cuerpo, imputado por graves delitos de violencia machista contra su expareja y una de sus hijas, ha sido detenido nuevamente por un presunto quebrantamiento de la orden de alejamiento que pesa sobre él. A pesar de ello, el juzgado de guardia ha decidido dejarlo en libertad provisional, reabriendo así el debate sobre la laxitud judicial en casos donde el agresor no es un ciudadano cualquiera, sino un miembro de las fuerzas de seguridad.
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Granada, en funciones de guardia, acordó la libertad del subinspector mientras se instruyen nuevas diligencias. La Fiscalía había ofrecido un acuerdo que el acusado rechazó, por lo que la causa continúa investigándose. En paralelo, se le ha impuesto una nueva medida cautelar: no podrá pisar el municipio de Armilla, donde reside la mujer que lo ha denunciado.
Según la denunciante, el agente habría intentado contactar con ella por teléfono entre marzo y mayo, y habría manipulado o desconectado intencionadamente el brazalete electrónico que debía llevar para garantizar el cumplimiento de la orden de alejamiento. El acusado lo niega y alega problemas técnicos, una justificación habitual en este tipo de dispositivos, pero que, dada su condición de mando policial, resulta especialmente alarmante si se confirma su manipulación.
Ante las versiones contradictorias, el juzgado ha solicitado un informe técnico al grupo Cometa, encargado de supervisar las pulseras telemáticas, para determinar si hubo sabotaje o fallo del sistema.
Todo esto sucede mientras el subinspector ya está pendiente de juicio por otros delitos aún más graves. El pasado 4 de marzo, el Juzgado de Violencia de Género número 2 de Granada abrió juicio oral por presuntos delitos continuados de maltrato físico y psicológico habitual, menoscabo psíquico, y descubrimiento y revelación de secretos. La víctima: su expareja y madre de sus hijas, una de las cuales también habría sufrido las agresiones.
La Fiscalía solicita para él seis años y diez meses de cárcel, mientras que la acusación particular eleva esa petición a más de quince años. La defensa, por su parte, sostiene su inocencia total y pide la absolución.
El escrito fiscal no deja lugar a dudas sobre la gravedad de los hechos que se le imputan: un patrón de violencia reiterada desde 2017, con insultos, humillaciones, golpes, empujones, desprecio a las hijas y vigilancia obsesiva a través de tecnología para controlar los movimientos y relaciones de su expareja. El acusado habría llegado incluso a extraer imágenes privadas y contactos de los dispositivos electrónicos de la mujer sin su consentimiento.
Como si todo esto no fuera suficiente, paralelamente se investiga a otros agentes policiales por un posible encubrimiento: el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada mantiene abiertas diligencias contra varios compañeros del subinspector por acceder de forma ilícita a datos de la víctima en el sistema Viogen, lo que podría constituir un delito de revelación de secretos con agravante de función pública.
El caso pone en cuestión, una vez más, los mecanismos de control interno de la policía y la debilidad del sistema judicial ante agresores con poder institucional. ¿Qué garantías reales tiene una mujer cuando su presunto maltratador no solo es policía, sino jefe de estudios del cuerpo?
